España y Marruecos habrían ultimado ya la reapertura de la aduana en Melilla, algo que se pactó (junto con la implantación de otra en Ceuta) en abril de 2022 con la visita de Pedro Sánchez a Rabat tras una crisis internacional histórica a causa del caso de Brahim Ghali. Según ha asegurado este jueves la delegada de Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, la reapertura en la ciudad autónoma se producirá «a la mayor velocidad posible», algo que según medios locales podría ser un hecho en los próximos días.
«Siempre he dicho y he mantenido desde que se cerró la aduana comercial en 2018 que este Gobierno iba a trabajar para poder reabrir con todas las garantías», ha subrayado Moh a los periodistas. La delegada ha lamentado que durante la jornada se hayan publicado informaciones, en su opinión, «no contrastadas», después de que varios medios hayan publicado que Moh habría ido llamando de forma selectiva y durante los últimos días a determinados empresarios locales para anunciarles la repaertura.
La máxima representante del Gobierno central en la ciudad autónoma ha recalcado el trabajo conjunto para la puesta en marcha de «una serie de actuaciones coordinadas entre ambos países», aunque ha avisado que la aduana comercial ya no será como antes, sino una adaptada al siglo XXI. «Hemos ido siempre dando pasos con el objetivo de conseguir un trabajo bien hecho y unos resultados óptimos y se hará de manera progresiva hasta alcanzar la plena normalización», ha agregado.
Pero la noticia no ha sido bien recibida por todos los actores implicados. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez, al que ha acusado de hacer a la ciudad autónoma «perder la soberanía política» con la medida y hacer que Melilla sea considerada «una ciudad marroquí más» e incluso ha amenazado con ir a los tribunales. El popular ha dejado claro que se opondrán a esta decisión con todos sus fuerzas.
Para Imbroda, la ciudad «será la gran perjudicada» porque según lo pactado con Rabat «los comerciantes de Melilla no podrían vender a Marruecos sus productos importados, solamente los productos que se fabriquen en Melilla, es decir ninguno, ya que no hay fábricas ni nada por el estilo». Así, el presidente melillense ha puesto el foco en el Gobierno, al que ha acusado de querer vender sus productos en detrimento del comercio local. «Mientras los comerciantes de Melilla no podrían vender sus productos a Marruecos, este país podría vender a Melilla áridos o alimentos por lo que el comercio local no va a beneficiarse en nada», ha insistido.
Instancias parlamentarias y judiciales
En opinión del presidente, lo pactado bajo las normas de Mohamed VI provocará que la aduana comercial con Europa «quede completamente anulada» porque «se le podrían vender a Marruecos los productos que ellos quisieran y se les podrían comprar los productos que quisieran». Ante esto, el presidente ha exigido que Moh y el Gobierno nacional dialoguen con los representantes legítimos del pueblo melillense, a la vez que ha subrayado que «la Constitución lo dice» y que los ciudadanos han votado al Gobierno de la ciudad «para actuar en este tipo de asunto».
Imbroda cree así que el Gobierno de Sánchez no tiene interés en la opinión de la mayoría de Melilla, que representa el Ejecutivo de la ciudad. «Nos vamos a poner con todas nuestras fuerzas para que esto no suceda», ha declarado, anunciando que acudirán a instancias parlamentarias y judiciales para defender la economía de la ciudad. «Iremos a cualquier instancia, bien parlamentaria nacional, bien juzgado, inclusive veremos cómo está la Fiscalía de Melilla para poder también trabajar con ella y defender la economía de la ciudad», ha apuntado el popular.
Pero no se ha quedado ahí. Imbroda ha vuelto a reiterar que el Gobierno debería «quedarse quieto y no hacer nada» porque si esto se autoriza y se permite se cede la soberanía económica y política a Marruecos, algo que considera «un disparate colosal». El presidente ha advertido que «no se le podría haber ocurrido nunca una medida peor al Gobierno español contra Melilla».
El acuerdo para la reapertura de la aduana comercial de Melilla y la implantación de una nueva en Ceuta se alcanzó después del giro histórico Sánchez sobre la postura española sobre el Sáhara Occidental, a favor de las tesis marroquíes sobre esta excolonia, desde que España abandonó este territorio en 1975. Pese a esto, tras dos años y medios, la medida no había visto la luz pese a que en los últimos meses fuentes del Ejecutivo apuntaban a que funcionaba parcialmente.
El pasado mes de marzo, con respecto al paso fronterizo de Ceuta, el Ministerio de Exteriores aseguraba a 20minutos que las «aduanas» -sin el apellido de comerciales- sí estaban abiertas. «Están abiertas y seguimos acomodándolas a las diferentes necesidades que hemos detectado durante las pruebas», aseveraban entonces. Aunque lo cierto es que, según argumentó después el propio ministro José Manuel Albares, ese paso «no funciona al completo ni de forma definitiva en el ámbito comercial«.
En Melilla, por su parte, la aduana comercial ya existía, pero fue cerrada por decisión del reino alauí el 1 de agosto de 2018, algo que supuso un grave efecto económico en la economía melillense: según datos de la CEOE, en el año anterior de su cierre se habían facturado hasta 40 millones de euros. El año pasado el propio Imbroda pedía un calendario «público» con respecto a la reapertura, aunque Albares aseguró que no se publicaría para no recibir «avalanchas de personas».
