“É unha dobre honra”. “Es un doble honor”. Son las primeras palabras pronunciadas en una lengua oficial distinta al castellano por un diputado desde la tribuna del Congreso. Su autor es el socialista José Ramón Besteiro, quien ha abierto el turno de defensa de la proposición de ley que esta misma semana reformará el Reglamento de la Cámara Baja para introducir el uso de lenguas españolas reconocidas como oficiales por los diferentes estatutos de autonomía, como el catalán, el euskera o el gallego. Este último ha sido, precisamente, el primer idioma diferente al castellano empleado.
Las primeras palabras en gallego en el Congreso han motivado una pataleta de Vox. La extrema derecha ha protestado a gritos contra el uso de una lengua española en la sede de la soberanía popular y, tras ser reconvenidos por la presidenta, Francina Armengol, han abandonado el Hemiciclo arrojando los dispositivos para la traducción simultánea al escaño vacío del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en la ONU.
Antes de que Vox montara el ‘show’, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, había pedido la palabra para reclamar a Armengol que desistiera de su intención de permitir este mismo martes, en el debate de toma en consideración de la ley, que ya se usaran las lenguas propias oficiales en determinados territorios.
Armengol ha rechazado la petición de Gamarra, que ya la había cursado en un escrito de reconsideración ante la propia Mesa del Congreso.
Los 27 aplazan la oficialidad
Mientras tanto, este martes los 27 han pedido más tiempo para estudiar la propuesta elevada por España para que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales en la UE sumándose a las actuales 24, todas ellas con carácter estatal en sus correspondientes estados miembros.
La iniciativa, que parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts, no ha recibido un portazo, por lo que seguirá viva por un periodo de tiempo que nadie se atreve a aventurar. Los socios europeos le han dicho al Gobierno en funciones que necesitan un análisis más exhaustivo de las implicaciones legales y financieras de la medida que se llevará a cabo en un grupo de trabajo con los preceptivos informes. La novedad que ha planteado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es que el “despliegue” comience con el catalán.
